Aranguren anunció nuevo cuadro tarifario de electricidad en Capital y Gran Buenos Aires
El Gobierno Nacional anunció un nuevo esquema tarifario para el servicio de electricidad que se aplicará a partir de febrero de 2016 para Capital Federal y Gran Buenos Aires, que incluye una tarifa social, incentivos para el cuidado del consumo, y una redistribución del costo del servicio que le permitirá al Estado alcanzar un importante ahorro de los dineros públicos para destinarlo a otras áreas y un seguimiento sobre las empresas distribuidoras de electricidad para que mejoren el servicio y evitar cortes en el futuro.
Desde el primero de febrero, de los 4,6 millones de clientes residenciales de EDENOR y EDESUR, 3,7 millones pagarán una tarifa corregida, y 900.000 serán beneficiarios de la Tarifa Social; ello sin contabilizar aquellos usuarios residenciales que ahorren en su consumo y reduzcan sus boletas.
El anuncio fue realizado por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, donde explicó que el antiguo sistema tarifario era “injusto”, porque castigaba a los usuarios de menores recursos y a los que viven en el interior y pagaban mayores tarifas.
El funcionario evidenció que durante 2015 el Estado dedicó tres veces más dinero a los subsidios eléctricos, unos 100.000 millones de pesos, que a la Asignación Universal por Hijo que fue de 32.000 millones.
Añadió que en las provincias, la electricidad se vende a valores hasta siete veces mayores que en la Capital y el Gran Buenos Aires, donde las tarifas están prácticamente congeladas desde hace más de una década.
Aranguren informó que “para ordenar la situación, fomentar la inversión, mejorar la calidad del servicio y cuidar el bolsillo de las familias de bajos ingresos” se recortaron los subsidios a la generación de electricidad, se eliminaron los que se otorgaban a la distribución en Capital y Gran Buenos Aires y se creó una tarifa social que beneficiará a muchos hogares argentinos.
“Todo el país estaba pagando los subsidios de distribución en Capital y el Conurbano, lo que contradice el principio básico de federalismo que el presidente Mauricio Macri quiere restablecer en el país”, dijo.
La nueva tarifa social mantendrá o reducirá el costo de la electricidad a los beneficiarios de programas sociales, la gran mayoría de los jubilados y pensionados, a empleadas domésticas, a los discapacitados y a los trabajadores que cobren menos de $12.120 brutos.
Quedan exceptuados del beneficio los que sean propietarios de más de un inmueble, de un automotor de menos de 15 años de antigüedad y aeronaves o embarcaciones de lujo; se excluirá a las cuentas cuyos titulares hayan fallecido.
Como ejemplo, indicó que, usuarios con acceso a la tarifa social, pagarán $14 por mes para un consumo de hasta 150 kWh mensual y $43 por un consumo promedio de 200 KWh por mes.
También habrá premios para quienes ahorren energía, ya que los hogares podrán mitigar los aumentos hasta en un 40% si reducen su consumo con respecto al año pasado.
Las facturas seguirán emitiéndose en forma bimestral, pero los pagos se requerirán con frecuencia mensual “para que cada usuario –y cada familia- puedan administrar mejor sus costos”.
Aranguren confirmó que de haber continuado el actual sistema tarifario, el sistema eléctrico argentino hubiera colapsado y señaló que con la declaración de la emergencia eléctrica del mes pasado, el Gobierno Nacional inició “el proceso de normalizar la situación para poner fin a los cortes de luz”.
“Las empresas deberán presentarles al ENRE planes de inversión con objetivos trimestrales y el contrato de concesión va a estar vinculado con la prosecución de esos objetivos”, advirtió el Ministro.
Agregó que “como antes no había inversión nadie se hacía cargo de la calidad del servicio, por lo que ahora recibirán el precio de las tarifas de los propios consumidores y no podrán decir que no están siendo remuneradas de acuerdo con el servicio”.
Respecto de las empresas que prestan el servicio de distribución en el área del AMBA, subrayó que “no pueden distribuir dividendos, sino que tienen que recuperar la calidad del servicio”.
Mientras, el Estado Nacional podrá ahorrar unos 4000 millones de dólares en subsidios y reducir a 5800 millones lo que pagaba anualmente por la generación de energía eléctrica.
A su vez, el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, señaló que “la esencia del proceso es un cambio en el cual las empresas tendrán que colectar los recursos y responder a los usuarios y en esto le damos fortaleza al ENRE”.
“El desafío que tenemos es bajar el promedio de cortes”, apuntó.
